Reflexionando Informe de Microsoft Institute Economy 2025 sobre IA

Reflexiones académicas desde AI & Law Madrid.

En el marco de AI & Law Madrid, hemos reflexionado sobre una premisa que hoy resulta ineludible para comprender la estructura contemporánea de la economía digital: los datos se han convertido en el nuevo commodity del siglo XXI. No se trata de una metáfora retórica, sino de un hecho verificable en la práctica económica y tecnológica. En la actual era de la inteligencia artificial (IA), los datos cumplen el rol que en su momento desempeñaron el petróleo o el acero: son el insumo esencial que permite poner en marcha el motor de la nueva revolución industrial algorítmica.

Esta afirmación adquiere fundamento empírico cuando observamos las transformaciones que los propios actores tecnológicos han impulsado en torno a la gestión y valorización de la información. El reciente informe del Microsoft Institute Economy resulta particularmente ilustrativo: en él se concluye que la IA es la tecnología de adopción más rápida en la historia de la humanidad, superando incluso a la electricidad, al teléfono móvil o a Internet en términos de velocidad de penetración social. Microsoft estima que más de 1.200 millones de personas utilizan actualmente herramientas potenciadas por inteligencia artificial, lo que evidencia no solo una aceleración inédita de la innovación, sino también una demanda creciente de infraestructura, procesamiento y almacenamiento de datos a escala global.

A partir de esta constatación, es posible sostener que la IA no sería viable sin el flujo masivo y continuo de información que alimenta sus modelos. Los datos constituyen, en sentido estricto, la materia prima indispensable para el aprendizaje estadístico y el perfeccionamiento de los sistemas inteligentes. En otras palabras, la economía de la IA se funda sobre la economía de los datos. La inversión anunciada por Microsoft —más de 80 000 millones de dólares destinados al desarrollo de centros de datos especializados en cómputo para IA durante su ejercicio fiscal 2025— es una muestra clara de cómo el capital global se reorganiza en torno a la infraestructura que sostiene ese nuevo recurso.

La consideración de los datos como commodity introduce, sin embargo, una paradoja jurídica y filosófica. A diferencia de los bienes tradicionales, los datos no poseen materialidad, ni pueden agotarse mediante el uso. Tampoco pertenecen de manera exclusiva a un sujeto individual, puesto que su generación suele ser relacional y contextual: emergen de interacciones, comportamientos, decisiones y trazas digitales colectivas. Esta naturaleza híbrida —entre lo privado y lo público, entre lo individual y lo social— plantea una pregunta de fondo sobre la propiedad, la gobernanza y la distribución del valor que los datos generan.

En el plano normativo, la Unión Europea ha dado pasos decisivos al reconocer que el tratamiento de los datos personales y no personales requiere marcos jurídicos robustos, transparentes y éticamente fundados. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la propuesta de Data Act reflejan un intento por equilibrar el fomento de la innovación con la preservación de derechos fundamentales. Desde la perspectiva del derecho comparado, este enfoque contrasta con el modelo estadounidense, más orientado al mercado, y con la aproximación china, caracterizada por la centralización estatal del flujo de datos como instrumento de soberanía tecnológica. En AI & Law Madrid hemos discutido que esta “geopolítica de los datos” redefine la competencia global, pues quien controla los datos —y las capacidades para procesarlos mediante IA— controla también una parte significativa de la economía del conocimiento.

La economía política de los datos presenta además un componente distributivo que no puede ignorarse. Las brechas de acceso a infraestructuras, conectividad y capacitación digital determinan qué países y regiones pueden participar activamente en la creación de valor derivado de la IA. Tal como advierte Microsoft en sus proyecciones para Europa, el potencial de la IA podría añadir más de 250 000 millones de euros al PIB irlandés hacia 2035, pero esa expansión se concentra en ecosistemas donde la densidad tecnológica y la disponibilidad de talento digital son altas. En consecuencia, los datos —lejos de ser un recurso universal— se convierten en un elemento que reproduce asimetrías entre economías avanzadas y periféricas.

Desde la perspectiva del derecho, este panorama obliga a repensar las categorías clásicas de propiedad, responsabilidad y competencia. Si los datos son el nuevo commodity, entonces los contratos, licencias y políticas de intercambio de datos constituyen los instrumentos jurídicos mediante los cuales se articula la economía digital. De ahí la importancia de analizar no solo el flujo económico, sino también el flujo normativo que lo hace posible: los regímenes de privacidad, los estándares de interoperabilidad, los derechos sobre bases de datos y las obligaciones de transparencia algorítmica.

La reflexión final que surge en AI & Law Madrid es que el debate sobre los datos como commodity no puede reducirse a su dimensión económica. Implica una discusión ontológica y ética sobre la naturaleza de la información en la sociedad contemporánea. Si la IA representa la tecnología de adopción más acelerada en la historia, es porque opera sobre un insumo omnipresente: los rastros digitales de la vida humana. Esa ubicuidad convierte a los datos en un bien de interés público, pero también en un espacio de disputa sobre la autonomía, la privacidad y la dignidad de las personas.

En definitiva, el desafío del siglo XXI consiste en equilibrar el potencial transformador de la IA con una gobernanza responsable de los datos. Reconocerlos como el nuevo commodity de la economía global no debe conducir a su mercantilización indiscriminada, sino a la construcción de un orden jurídico capaz de garantizar que el valor generado por la información —ese nuevo petróleo digital— se traduzca en beneficio social, equidad y sostenibilidad democrática. Esa es, en última instancia, la tarea que convoca a la comunidad académica, a los reguladores y a los expertos reunidos en AI & Law Madrid.